ZP, ese hombre - IV parte

El grupo PRISA, a través de la televisión CNN+ y El País (24.03.06) –órgano oficioso del actual Gobierno– afirmaba que el PSE, ETA-Batasuna y el Gobierno llevan tres años de contactos y conversaciones. A pesar de todos sus desmentidos, los socialistas iniciaron sus contactos en 2002, después de haber firmado la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna-ETA. Consecuentemente, todos los contactos secretos del Gobierno con una organización ilegal habrían sido en fraude de Ley y las consecuencias legislativas que de sus acuerdos se deriven deberían quedar nulas y sin efecto.

El PSOE y el Gobierno han negado con rotundidad cada insinuación sobre contactos con ETA. En las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, sesiones de control y comparecencias de partido, Rodríguez ZP, De la Vega y Blanco siempre han mantenido que jamás hubo conversaciones.

ZP ha dicho mil veces que “con los terroristas no se pueden entablar negociaciones”. Cuando en Enero de 2004 se supo que Carod Rovira se había reunido con jefes de ETA para pedirles que dejaran de matar en Cataluña, Rodríguez ZP, preocupado por la repercusión que ello podría tener en las próximas elecciones de Marzo, emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente:

«“El Partido Socialista se reafirma una vez más en que no cabe negociación política alguna con la banda terrorista. La lucha antiterrorista debe ser una política de Estado enmarcada en los principios y valores recogidos en el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo”».

Mª Teresa Fdez de la Vega prefiere no mojarse y ante los contactos secretos entre Batasuna y PSE confirmados por Otegi, no tiene otra respuesta que "ni confirmo ni desmiento" en relación con tales conversaciones.

José Blanco ha insistido invariablemente en que ni su partido ni el PSE han "mantenido" o "autorizado" en "ningún caso" contactos con "una organización ilegal como es Batasuna".

Pero la realidad, confirmada por ellos mismos –no comprendo las razones que pueden tener ahora para hacerlo– es que han venido teniendo conversaciones a través de intermediarios, que están desembocando en el llamado “alto el fuego permanente” y culminarán con una paz pagada en especie y cuyo precio habrá sido fijado por los terroristas. Sin duda hay un precio político por medio ya que ETA no renunciará gratis a nada.

No hay prueba más clara de que nos han mentido ni mayor desfachatez que reconocerlo por saberse inmunes a todo.

Sin embargo, el dato importante es que los socialistas estaban negociando con ETA desde antes de las elecciones generales del 2004 –mientras gobernaba Aznar– y ello se presta a diversas especulaciones. La más grave de todas ellas, al margen de la deslealtad y traición que ello significaría, podría ser ¿qué pasaría si se demostrase que los islamistas del 11-M no eran más que comparsas y que les habrían dado todo hecho para que lo ejecutasen, inconscientes de que también ellos iban a morir para silenciarlos? ¿Y si se siguiera la pista etarra y resultara que ETA era la auténtica ejecutora del atentado que habría llevado a cabo por mediación de fanáticos musulmanes?

Numerosos indicios llevan a ello a pesar de los esfuerzos del Gobierno y elementos de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad por ocultarlos, ignorarlos y enterrarlos.

Las consecuencias de esta posibilidad son espeluznantes. Si dicha teoría llegara a confirmarse –hasta la fecha sin demostrar y por ello dentro de la ficción–, podría llegarse a pensar que ETA habría ofrecido al PSOE la posibilidad de hundir a Aznar y elevar a ZP al Gobierno. ¿Cual habría sido la respuesta socialista? Sin duda la aceptación en términos de “tu me pones en el Gobierno y yo te doy lo que quieras”.

Tal especulación podría apoyarse en el “Supermisil” que el PSOE tenían preparado contra el PP, relacionado con el terrorismo, para dar un vuelco a la campaña electoral

"Algo va a ocurrir". "Hay algo sobre contactos con ETA... "Hasta que no pita el árbitro el partido está vivo"... son expresiones de gente del PSOE anunciando que desde el PSOE hablaban de un SUPERMISIL FINAL DE CAMPAÑA, relacionado con ETA, y contra el PP, que daría un vuelco electoral.

En referencia al misil que iban a lanzar contra el PP, relacionado con ETA, se levantaron voces susurrantes del PSOE, que no podían ocultar su alegría ante el estrago que estuvieron convencidos de que conseguirían hacerle al PP al final de la campaña electoral, lo que provocaría un vuelco en los resultados de las urnas a última hora:

Esta noticia, publicada el día 22 de febrero 2004 en diversos medios impresos y de Internet, llegó a ser una realidad en cuanto al uso del terrorismo como causa de ese vuelco electoral.

http://www.elsemanaldigital.com/arts/13041.asp

http://paz-digital.org/new/content/view/492/138/

Todo aquel susurro del PSOE se convirtió en realidad. Pero ningún dirigente del PSOE ha declarado ante los votantes, ni ante los jueces, sobre el “uso y disfrute” del misil anunciado y que según sus propios dirigentes estaba relacionado con el terrorismo.

Especulaciones y fantasías aparte, hay realidades sin aclarar que nunca se aclararán porque así le conviene al presidente Rodríguez. El por qué le conviene finiquitar la investigación del 11-M sin haber entrado en todos esos aspectos es algo que corresponde desmentir y aclarar a ZP.

En otro caso que no se queje de que la calle esté sembrada de dudas, especulaciones y desconfianzas que le sitúan bajo sospecha.

Por nuestra parte, seguimos queriendo saber la verdad.

Expertos en Defensa aseguran que el Mediterráneo quedará desprotegido con los planes del Ministerio y la reubicación de los helicópteros del Batallón de Helicópteros de Maniobra de Bétera (Valencia) – Bhelma II – que desaparecerá en un par de años.

Tradicionalmente, la organización de los ejércitos occidentales –y España entre ellos– estaba orientada a la defensa contra un ataque de la Unión Soviética. En este sentido y según El Confidencial Digital, «la consideración de EE.UU. como aliado preferente y la posterior integración en la OTAN situó a España como reserva y zona para organizar el contraataque frente a una avalancha de las fuerzas acorazadas soviéticas. Sin embargo, con la desintegración de la antigua Unión Soviética, las Fuerzas Armadas reorientaron sus esfuerzos defensivos hacia el norte de África frente al denominado "enemigo verde", que “sigue presente”.»

Por lo visto, el nuevo destino de los helicópteros tendría que ver con la vigilancia de puntos estratégicos que podrían ser amenazados por el terrorismo islámico, como vías de ferrocarril, pantanos e infraestructuras estratégicas, lo cual implica que el Gobierno acepta que España sigue estando amenazada por el terrorismo islámico con independencia de nuestra estancia en Irak y no como consecuencia de ello, tal y como argumentaron durante la jornada de reflexión para manipular las elecciones y tomar el poder.

La importancia estratégica de la Bhelma II con base en Bétera se puso de manifiesto durante la crisis del islote “Perejil”, donde sus helicópteros fueron el vehículo utilizado por las fuerzas de asalto y su participación en la operación fue insustituible. La amenaza de un potencial conflicto sobre nuestras plazas de Ceuta y Melilla no sólo no se han disipado sino que ante la debilidad del cómplice de los enemigos de la Nación española, el presidente Rodríguez, y el rearme llevado a cabo por Marruecos, bajar la guardia o reducir el apoyo a nuestras guarniciones africanas supondría un verdadero suicidio.

Pero el Ministerio de Defensa parece que confía en la protección de las fuerzas de la OTAN si tuviéramos algún conflicto armado con Marruecos. Si estas fueran las estimaciones del responsable de Defensa, tendríamos que desconfiar de su competencia para el cargo.

Todos recordarán que solamente cuando lo de Perejil nos enteramos de que Ceuta y Melilla no estaban bajo cobertura de la OTAN. Dábamos por sentado que formando parte del Reino de España, firmante del Tratado del Atlántico Norte, ambas ciudades serían defendidas por la OTAN por tratarse de un ataque a nuestro territorio, a nuestra nación. Pero nada más lejos de la realidad y los únicos territorios españoles realmente en peligro estarían desprotegidos por las fuerzas internacionales. Recordemos también que Francia consideró el tema de Perejil como un “asunto bilateral” y que incluso boicoteó una declaración internacional de condena contra Marruecos.

El caso de las Islas Canarias es distinto. Se encuentran incluidas expresamente en el Tratado –Art. 6– donde se considera ataque armado el que se produzca contra (...) “las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes”...

Si nuestro único enemigo potencial está en el sur y mediterráneo, ¿que hay detrás de una decisión que retira fuerzas de esa área y merma su capacidad de protección y apoyo a Ceuta y Melilla? Defensa ha declarado un “bloqueo informativo” sobre la materia: nadie se pronuncia al respecto y portavoces oficiales reconocen que se va a mantener absoluto silencio sobre este asunto.

El cómplice de los enemigos de la Nación española, el presidente Rodríguez, ya nos entregó a los intereses foráneos en todo lo relativo a la economía poniendo en peligro la supervivencia de determinados sectores productivos, pero ahora lo que se pone en peligro es la seguridad nacional de lo que quede de España.

Debilitando nuestras defensas justo en el único sector amenazado, el único por donde podría esperarse un conflicto armado, se estarían dando facilidades para ello y el cómplice de los enemigos de la Nación española, el presidente Rodríguez, sería culpable si tal conflicto llegara a producirse. El cómplice de los separatistas vascos, catalanes y otros que están por venir, también sería cómplice de cualquier país musulmán del norte de África que tuviera aspiraciones sobre Al Andalus.

Dejando la protección de Ceuta y Melilla bajo mínimos, podría justificarse la imposibilidad de su defensa y facilitar su apropiación por Marruecos.

Cño, sólo nos dan motivos para pensar mal.

Monjas violadas y asesinadas

Quieren que la bandera de la II República ondee en todas las instituciones públicas para celebrar los 75 años de su proclamación.

Nos hemos pasado cien años defendiendo una bandera y una patria que para la izquierda no significaban nada. La bandera de España era sólo un trapo que nada representaba y el patriotismo era despreciado como “el último recurso de los canallas”. Para la izquierda nunca han tenido otro significado las banderas y las patrias.

Ahora mandan ellos, los “rojos” solemnes, los que presumen de rojos y de pronto tienen necesidad de una bandera y una patria republicanas. Necesitan que ondee la bandera republicana en lugar de la de España. Ahora se sienten patriotas de una patria republicana y la reivindican a los cuatro vientos.

Pero la nuestra es la bandera de España y la suya es la bandera republicana. No es la bandera de España republicana, es sólo la bandera republicana. Es la bandera de una idea, de un modelo de gobierno que no necesita ni siquiera a España.

Mientras nuestro patriotismo es el de los valientes, el de quienes no dudaron en dar su vida por España, el de ellos es el patriotismo cobarde y sectario, el patriotismo apesebrado, denigrante y excluyente. Su nuevo patriotismo es el de los miserables unidos por los intereses, el de los separatismos y los cortijos privados. Ese falso patriotismo es el auténtico “último recurso de los canallas” a que se refería Samuel Johnson.

Llamazares, el mismo que dijo que el patriotismo es de miserables, pide que la bandera de la II República ondee en todas las instituciones públicas y nos lo presenta como iniciativa "social" –otra vez la embustera excusa de la “demanda mayoritaria de la sociedad”– el deseo de izar la tricolor en el Congreso y en todas las instituciones políticas en las que tiene representación con el objetivo de que la bandera se mantenga izada en todas las provincias españolas cuando se cumplan 75 años de la proclamación de la II República. Al final resulta que son patriotas de la segunda República.

Igualmente se contempla la presentación de sendas iniciativas en el Parlamento español y en la Eurocámara para condenar el levantamiento franquista del 18 de julio de 1936 y se promoverán iniciativas para reconocer a las víctimas del franquismo.

Tales aspiraciones son la culminación de todo el proceso en curso sobre la futura Ley de Recuperación de la Memoria Histórica cuyo principal objeto es "reparar la dignidad y restituir la memoria" de aquellos que sufrieron cárcel, represión y muerte por defender los valores de la sociedad democrática, a quienes se pretende rehabilitar moral y jurídicamente, además de económicamente.

Naturalmente, la memoria histórica excluye los periodos durante los que la izquierda demostró toda su siniestra realidad y se limita al periodo de represión franquista, que al parecer eran los únicos que fusilaban.

Su memoria histórica no incluye ninguna de sus mayores hazañas, que han de ocultar por vergonzosas. Muchos más fueron los españoles que sufrieron los crímenes del Frente Popular, empezando por Paracuellos, las checas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etc., tanto en manos de comunistas como de socialistas que no perdonaban ni a los suyos.
Las torturas de gran crueldad y asesinatos de muchos militantes de izquierdas por parte de la propia izquierda como la del anarquista Andrés Nin, o los asesinatos de inocentes izquierdistas y derechistas, en Turón -Granada-. También los quinientos asesinatos entre febrero y julio del 36, antes de la rebelión de Franco.

Estos olvidadizos son herederos de los que asesinaron a los 12.000 de Paracuellos y a 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas simplemente por ser católicos practicantes.

Ya no se acuerdan de las matanzas de los marinos de Cartagena arrojados al mar, los fusilamientos masivos de las prisiones de Ubeda, Ciudad Real, Toledo, Almería, Lérida, Málaga, San Sebastián y el fuerte de Guadalupe, Castellón, Ibiza, Fuenteovejuna, Albacete, Consuegra, Cebreros, Ocaña, Monasterio de Cóbreces, Guadalajara, Bilbao (prisiones de “Ángeles Custodios”, “Larrinaga”, “La Galera” y “Carmelo”) y Martos.

Ni de las matanzas colectivas en los barcos-prisión “Río Segre”, de Tarragona; “Isla de Menorca”, de Castellón; “Astoy Mendi”, de Almería; “Cabo Quilates” y “Altuna Mendi”, de Bilbao; “Atlante”, de Mahón, y “Alfonso Pérez”, de Santander, así como en los terroríficos pozos de Tahal y de La Lagarta en Almería, y los de Carrión de Calatrava y Herencia.

Tampoco su memoria histórica incluye el alzamiento del PSOE, ERC y UGT en el año 1934 contra el Gobierno democrático, que fue dirigido por Largo Caballero y Prieto.

Dejemos de lado los robos, como la colección de monedas del Museo Arqueológico, robada por las autoridades y desaparecida, el expolio de las cajas de seguridad de los bancos y el robo de las alhajas de familias humildes que las tenían empeñadas en los montes de piedad, todo ello embarcado en el yate “Vita” y enviado a Méjico para financiar el exilio de gente como Prieto y Negrín que disputaban acerbamente por el control del cargamento o el robo del oro del Banco de España enviado temporalmente a Moscú para ponerlo a salvo y nunca restituido.

Ninguno de los que fueron víctimas de la izquierda está incluido en su memoria histórica y ninguno de ellos va a ser rehabilitado ni moral, ni jurídica ni económicamente por estos sectarios y cínicos gobernantes que olvidan todo ello, cuando no lo justifican.

Estos que ahora reivindican las banderas, las patrias y los héroes republicanos no sienten vergüenza de hacerlo mientras oyen al presidente Rodríguez decir que "Para mí, la patria es la libertad".

Seguramente estaba pensando en la libertad de los que huyeron a Méjico en yate.

Dice El Confidencial Digital (04.04.06) que «el segundo jefe de helicópteros realiza una “gira pedagógica” por las Unidades del Ejército para explicar las causas del accidente de Afganistán.»

«El pasado mes de febrero, el ministro de Defensa, José Bono, presentaba a sus señorías el informe final del siniestro de los helicópteros en Afganistán que se saldó con la vida de 17 militares. Un responsable de FAMET se ha dedicado a visitar las bases de helicópteros en España para informar de los trabajos de esa investigación.»

«Según fuentes militares consultadas por El Confidencial Digital, el segundo jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), el Coronel San José, se ha desplazado a las bases españolas para explicar el informe que expuso el titular de Defensa a los parlamentarios en febrero pasado.»

Recordemos que, según el informe final, las causas oficiales del siniestro sufrido por dos helicópteros “Cougar” en Afganistán el pasado mes de agosto, llevándose consigo la vida de 17 militares españoles, se debieron a un cúmulo de circunstancias entre las que destacan una “maniobra agresiva” del piloto a poca altura, el perfil de "vuelo de riesgo" y las condiciones meteorológicas y orográficas adversas, descartando tanto que el aparato fuera objetivo de un ataque como que estuviera averiado.

Ante el clamor soterrado que existe en el Ejército sobre el ataque sufrido por los helicópteros, el Gobierno se ha visto obligado a hacer campaña reforzando la versión oficial. Se supone que la verdad de lo sucedido es lo que cuenta el coronel San José por los cuarteles pero si ello fuera tan cierto ¿por qué se silencia a los testigos del siniestro? La prohibición de hablar sobre ello y la orden de silencio impuesta a quienes sufrieron el siniestro y a cuantos estuvieron en contacto con ellos, que pudieran ser transmisores de la verdad, sigue vigente.

Si las versiones de tales testigos y la oficial fueran coincidentes, nada mejor y más eficaz que dejar hablar a los testigos y que por boca suya oyéramos las circunstancias meteorológicas adversas del vuelo y otras que determinaron la tragedia. Si todos estamos de acuerdo no tiene sentido silenciar a la otra parte, así que hay razones para pensar que se está amordazando a quienes pudieran desmentir la versión oficial.

Pero es lógico. El presidente Rodríguez y los suyos se cebaron en la guerra de Irak y en quienes “enviaron a nuestros soldados a la guerra”, así que una vez que su estupidez y demagogia se ha vuelto contra ellos, no pueden aceptar la responsabilidad de estas muertes y, en ausencia de Aznar, sólo pueden hacerse recaer sobre los mismos muertos. La impericia del piloto muerto fue la culpable.

Lamento que el coronel San José – ¿participó en el informe oficial? – se vea obligado a defender la postura que le imponen los políticos de turno, pero ser el segundo jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra tiene su precio. Su periplo “didáctico” si que es una “maniobra agresiva” contra la transparencia.

En el asunto de los helicópteros de Afganistán hay motivos más que suficientes para que ZP también hubiera resultado tocado y derribado. Hasta ahora se ha librado pero recientemente han enviado a Afganistán pilotos sin adiestrar en esos “vuelos de riesgo”. Si volviera a suceder ¿a quien echarán la culpa?

Ya no podrían cargarlo todo sobre el piloto porque ahora en la impericia del piloto tiene mucho que ver la irresponsabilidad e imprevisión del presidente Rodríguez. Por eso han prohibido también los vuelos tácticos a baja altura, aunque eso no disminuye los riesgos y mientras estemos en Afganistán, ZP los tiene de corbata. No es para menos después del “No a la guerra” y tanto ocultar que son ellos los que nos han metido en ella

Peliagudo tema este por cuanto la más mínima mención a las obligaciones de las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución puede ser censurada y castigada como si de apología del golpismo se tratara o una inadmisible intromisión en lo civil se pronunciara. Que le pregunten al Tte. General Mena.

A pesar del riesgo de que así se considere, hay que realizar un elemental análisis que ponga al descubierto lo que hay de falso e ilegal en cuanto a los militares se les exige e imputa en relación con sus obligaciones.

Lo primero que se les exige es un apolítico silencio y obediencia ciega al poder civil. No han de exponer criterio político alguno y por supuesto no corresponde a ellos cuestionar la actuación gubernamental. El principio de “obediencia debida” adquiere todo su significado en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Sin duda, el ejército debe estar sometido al poder civil y así es en los países democráticos.

Sin embargo, nuestras leyes ponen límites a todo ello porque no puede pretenderse que el ejército sea mudo testigo y termine, por ejemplo, siendo cómplice de un Gobierno traidor a la nación que le fue depositada. Sería un juramento incumplido además de injusto, deshonesto e ilegal.

Dice el artículo octavo de la Constitución: «Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional».

Dice el artículo 34 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas: «Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios (...) o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión».

Para nuestro comentario bastan estos dos artículos, pues de la misma manera que un militar no está obligado a asumir actos ilegales de sus superiores jerárquicos, el ejército en su conjunto tampoco lo está respecto de los actos ilegales del Gobierno a quien está subordinado. La obediencia debida no alcanza a las órdenes que sean contrarias a la Constitución

No existe ley en el mundo que supedite la actuación de las fuerzas del orden que han de perseguir un delito a que su intervención sea autorizada por los propios delincuentes que lo cometen. Este es el caso de las Fuerzas Armadas –garantes de la Constitución por imperativo legal– respecto de un Gobierno que infringe la Constitución.

¿En que cabeza cabe que los que venden a España sean los mismos que han de autorizar al ejército a que actúe para evitarlo? Nunca lo harán y es por ello que no hay otra forma de cumplir el mandato constitucional que actuando para poner a los que delinquen a disposición del poder judicial. Y hasta aquí, porque los militares ya habrían cumplido con su obligación, manteniéndose además subordinados al poder civil, es decir, al poder judicial, ya que no hay que olvidar que el poder judicial es también un poder civil. Pero, como siempre, me refiero a los que delinquen y no a los que se mantienen dentro de los límites constitucionales.

La obediencia debida no excusa del cumplimiento de la ley. Por ello, el principio de obediencia debida por el que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil, sin duda queda extinguido cuando el poder civil atenta contra la Constitución y exige sumisión a las Fuerzas Armadas para que hagan dejación de las mismas obligaciones que la propia Constitución les fija, pues del mismo modo que un mando no puede pedir a un subordinado que comparta o acepte obedientemente sus delitos, el Gobierno no puede exigir lo mismo del ejército, su subordinado.

Que el Gobierno haya arrinconado al Rey y al ejército es incomprensible en un país democrático por cuanto entre el silencio y el golpismo hay mucho espacio y mucho por hacer y decir.

Si el ejército diera un primer aviso al Gobierno y llegado el caso exigiera la restitución de la soberanía nacional y la derogación de cuantas disposiciones atentasen contra ella, estaría actuando doblemente dentro de la legalidad vigente porque estaría cumpliendo tanto el mandato de la Constitución como de las Ordenanzas militares.

Pero cuando no se puede actuar y sólo queda la palabra para hacer cumplir la Constitución, prohibirla es una nueva vulneración de los derechos constitucionales en la que incurren quienes utilizan los poderes recibidos de la Nación para atacarla y ampararse en la más absoluta impunidad.

El Rey, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas está haciendo dejación de sus funciones pues a él, como rey y como militar, corresponde poner freno a cuanto menoscabe el concepto y realidad de unidad nacional. Pero el Rey, ni como rey ni como militar, está sirviendo a los intereses españoles y ya son muchos los que creen que es uno más de los que sólo buscan conservar el cargo, aún a costa de dejar hacer en el silencio.

Protestar por todo ello ¿va a ser también considerado golpismo?